La causa judicial en torno a la relación entre policías y el excandidato Bondarenko avanza lentamente en la Justicia de Buenos Aires. El fiscal solicitó a Asuntos Internos de la Policía Bonaerense que aporte más elementos probatorios antes de proceder con imputaciones o solicitar medidas de prueba contra los 24 oficiales que habrían tenido vínculos con el político y participaban en actividades sospechosas.
Contexto y antecedentes del caso
El expediente se origina en una denuncia que señala posible manipulación y uso de bienes públicos con fines políticos. La investigación detalla que esos policías podrían haber partido de una operación de vigilancia o coordinación para el exfuncionario Bondarenko, actualmente concejal de Florencio Varela, que habría mantenido encuentros o actividades vinculadas con sectores políticos del frente de Axel Kicillof.
La evidencia disponible y los pasos a seguir
Hasta ahora, solo existe un **extracto de la actuación de Asuntos Internos**, que derivó en el desplazamiento de varios integrantes de la Policía Ecológica. La evidencia incluye documentación confiscada en la oficina del área y registros de conversaciones en WhatsApp donde se sugieren vínculos con Bondarenko y otras figuras políticas. Sin embargo, los investigadores no cuentan aún con pruebas definitivas para imputar a los oficiales por delitos específicos.
El impacto político y la actuación policial
El tema ha generado controversia política, sobre todo por las implicaciones de una presunta conspiración interna e intentos de manipulación en un momento crucial, donde la provincia debe organizar las próximas elecciones legislativas. La decisión del gobierno de Kicillof de desplazamiento de la cúpula de la Policía Ecológica responde a la sospecha de actuación irregular y posible con delito en un contexto de fuerte presión pública y mediática.
Próximos pasos en la investigación judicial
El fiscal ha pedido a Asuntos Internos que aporte **más copias y documentación respaldatoria** para avanzar en la imputación. Evalúa además medidas de prueba adicionales, como análisis de llamadas, movimientos y registros de cámaras de seguridad para detectar quiénes y cuándo habrían participado en esas reuniones o actividades.
Por ahora, no hay una acusación formal y el proceso continúa en una fase preliminar, con la Justicia investigando la existencia de posibles delitos menores, como mal desempeño o uso indebido de recursos del Estado.
Implicaciones y antecedentes adicionales
Este caso remite a las tensiones internas en las fuerzas policiales y los posibles vínculos entre la política y la seguridad en la provincia. La relevancia del hecho trasciende el ámbito policial, en un momento en el que la transparencia y la ética en las instituciones públicas se vuelven críticas para la legitimidad del proceso electoral y la confianza ciudadana.
