El Gobierno nacional formalizó la privatización total de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) mediante el Decreto 494/2025, publicado en el Boletín Oficial. La medida contempla la venta del 90 por ciento de las acciones que poseía el Estado en la compañía, en un proceso dividido en dos etapas.
Impulsando la privatización y sus ambiciones
Con esta decisión, el Estado cede el control total del servicio de agua y saneamiento, considerado un bien esencial para la población, a empresarios privados. La medida busca promover la inversión privada, pero genera polémica por su impacto social y en la calidad del servicio.
El regreso del corte por falta de pago
Una de las medidas polémicas que acompañan la privatización es la autorización para realizar cortes en el suministro a quienes no abonen sus facturas. Esta práctica, que ya sucedió en la década de los 90 bajo la presidencia de Carlos Menem, vuelve a implementarse, poniendo en riesgo derechos básicos de los usuarios y profundizando la desigualdad social.
Contexto histórico y similitudes
La privatización de AySA no es un hecho aislado. La primera ocurrió en la era de Menem, marcando un momento en que el Estado cedió su función como gestor de un servicio visitado por cuestionamientos por su elevación de tarifas y baja calidad en el servicio. La repetición de la modalidad, ahora con mayor inversión privada, reabre los debates sobre quiénes se benefician realmente con estos negocios.
Implicaciones sociales y económicas
La autorización de cortes por falta de pago agrava la problemática social en sectores vulnerables, que no podrán acceder a un recurso esencial como el agua. Esto genera una desequilibrada distribución de derechos y recursos, y refuerza las desigualdades públicas.
La marcha del proceso y las próximas etapas
El proceso de venta se realizará en dos fases, según establece la normativa, y contempla una limitada participación pública. Los detalles de la operación y los posibles beneficios para los inversionistas destacan la prioridad de maximizar ganancias por encima de la prestación de un servicio que debe ser un derecho.
¿Qué significa para los usuarios?
La transferencia de control a privados puede implicar mayores tarifas, menor control estatal y, en algunos casos, la pérdida del acceso a un servicio fundamental en condiciones justas y dignas. El debate sigue abierto sobre si esta modalidad realmente beneficia a la población o solo a unos pocos.
Resumen y perspectivas
La decisión del Gobierno refleja una tendencia de disminuir la presencia del Estado en servicios públicos esenciales, a la vez que reabre viejas polémicas relacionadas con la gestión privada en sectores estratégicos. La historia demuestra que estas políticas requieren de una regulación cuidadosa y de una protección firme para los derechos sociales.
