La Comisión de Salud y Discapacidad de la Cámara de Diputados comenzó a debatir sobre los audios que revelan presuntos pagos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). Sin embargo, la ausencia de los principales funcionarios del gobierno, incluido el ministro Mario Lugones y el interventor Alejandro Vilvhes, obstaculizó el avance en las investigaciones y pedidos de informes.
Ausencias en la Comisión y su impacto
El plenario, que incluía la convocatoria a ambos funcionarios, se vio marcado por la falta de respuesta y la ausencia de los invitados. La ausencia de Lugones y Vilvhes generó que los diputados de distintas fuerzas políticas se dirigieran a otros escenarios para expresar sus reclamos y propuestas.
Reacciones de los diputados
El presidente de la comisión, Pablo Yedlin, destacó que presentarán un emplazamiento a la comisión de Asuntos Constitucionales para poder avanzar con los pedidos de informe, investigaciones y posibles interpelaciones. La situación fue aprovechada por bloques de la oposición, como La Libertad Avanza y el PRO, que también se ausentaron, profundizando la falta de respuestas oficiales en un momento crítico para la gestión del sistema de discapacidad.
Contexto político y social
Las ausencias se suman a un escenario donde el debate sobre los audios revela una crisis de confianza en el gobierno, además de profundizar la incertidumbre respecto de la integridad del sistema y la transparencia pública. Los discursos, en su mayoría, se centraron en denunciar los hechos y exigir acciones concretas para frenar el escándalo y reformar el sistema de discapacidad.
Próximos pasos y perspectivas
Los diputados acordaron que en la próxima sesión se promoverá **crear una nueva comisión investigadora**, así como la interpelación a los responsables políticos y administrativos del área. Además, se continuará con las demandas de transparencia y se analizará cómo avanzar en las acciones legislativas pendientes.
Relevancia del escándalo y ciclo político
Este episodio se enmarca en un contexto de creciente tensión política y social, en un momento donde el poder Ejecutivo intenta defender su gestión frente a acusaciones fundadas en los audios y las denuncias judiciales. La necesidad de respuestas institucionales es vista como un paso fundamental para recuperar la confianza pública y fortalecer el estado de derecho.
