El fiscal Diego Luciani ha levantado alarmas en el caso de Lázaro Báez, tras sospechar que el empresario intentó desprenderse de su considerable fortuna, calculada en 120 millones de dólares, con la ayuda de su novia. Este episodio tuvo lugar el pasado 24 de junio en la prisión de Río Gallegos, donde Báez cumple condena por corrupción y lavado de dinero.
La presencia de Claudia Nomeí Insaurralde, su pareja, ha puesto en evidencia un posible intento de vaciamiento de bienes. En la visita, ella presentó un poder notarial, lo que generó dudas en las autoridades carcelarias sobre sus intenciones. Báez, por su parte, negó cualquier intento de vaciamiento, argumentando que la visita tenía como objetivo solo nombrar abogados adicionales para su defensa, debido a que su abogado habitual debía viajar al exterior.
La situación ha llevado a Luciani a solicitar al tribunal que acelere el proceso de decomiso de más de 84.000 millones de pesos, cifra que representa el perjuicio causado al Estado por los delitos de Báez y otros condenados en la causa de Vialidad. Con esta presión, el fiscal subraya la importancia de asegurar que los recursos públicos desviados no beneficien a quienes han sido condenados por corrupción, aludiendo a un daño social sin precedentes que afecta a los más vulnerables de la sociedad argentina.
