El gobierno portugués ha aprobado en primera lectura una serie de cambios en la ley de ciudadanía y residencia, lo que означa un endurecimiento en los requisitos para quienes desean vivir y obtener la nacionalidad en el país. Entre las principales modificaciones, se destaca un aumento en los años necesarios de residencia legal, que pasarán de cinco a siete para los vecinos de países lusófonos y a diez para los ciudadanos de otras naciones. Además, ahora se requerirá que los solicitantes acrediten conocimiento de la lengua y cultura portuguesas mediante pruebas específicas.
Otra de las modificaciones clave incluye la restricción en la adquisición de la ciudadanía por descendientes, limitándola solo hasta los bisnietos y solo si los padres han residido legalmente en Portugal durante al menos tres años. La vía de naturalización sefardí será eliminada, argumentando que era de carácter excepcional. También se pretende fortalecer los mecanismos para la expulsión de ciudadanos que cometan delitos graves o terrorismo, perdiendo automáticamente su nacionalidad en estos casos. Además, la reagrupación familiar estará sujeta a mayores condiciones, y solo quienes tengan visa de residencia podrán solicitar permisos desde territorio portugués, excluyendo a quienes ingresaron como turistas.
Estas medidas, que aún deben ser aprobadas por la Asamblea de la República y el presidente de Portugal, generan incertidumbre entre las miles de familias que buscan regularizar su situación en el país. Argentinos y otros inmigrantes que habían planificado solicitar la ciudadanía en los próximos años ven ahora que los plazos y requisitos se vuelven más estrictos, en un contexto global donde muchos países europeos revisan sus políticas migratorias con el fin de controlar mejor la llegada de nuevos residentes y evitar abusos del sistema. La tendencia indica que el proceso de inmigración a Portugal se vuelve más selectivo y controlado, en línea con las políticas de otros países en la región.
