El conflicto entre el gobierno de Santa Fe y Mercado Libre se agudiza tras acusaciones sobre la utilización de dispositivos de Mercado Pago en operaciones ilícitas. La provincia denuncia que las bandas de narcotráfico emplean estos dispositivos para facilitar sus transacciones, lo que genera una serie de cuestionamientos y respuestas entre las partes involucradas, en un contexto de disputa tributaria y de seguridad.
Acusaciones oficiales y contexto del conflicto
El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, afirmó que durante diversos operativos contra el narcotráfico se detectaron «armas, drogas y dispositivos de Mercado Pago». Según el funcionario, estas máquinas son utilizadas de manera irregular por las organizaciones criminales para realizar transacciones y movilizar fondos ilícitos. La denuncia apunta a que la empresa de Marcos Galperín facilitaría, de forma indirecta, estos movimientos, lo que complica aún más la situación de control y fiscalización del Estado.
Respuesta de Mercado Libre y la polémica
Por su parte, Mercado Libre emitió un comunicado en el que desmintió las acusaciones, asegurando que cumple exhaustivamente con las obligaciones fiscales y de control de las transacciones. La firma calificó las declaraciones del gobierno de Santa Fe como un intento de difamar y argumentó que estas acusaciones no corresponden con la realidad.
En ese marco, se ha recrudecido la disputa relacionada con la reforma tributaria en la provincia, en particular sobre el incremento del índice de Ingresos Brutos del 5% al 9% en las billeteras virtuales, lo que afectó la actividad de miles de emprendedores y comercios que utilizan plataformas digitales.
Controversia por el aumento de impuestos
El aumento en la tasa de Ingresos Brutos fue recibido con críticas por parte de Mercado Libre y otros actores económicos. La compañía argumentó que el incremento encarece la actividad digital y afecta la competitividad de emprendedores y pequeñas empresas.
El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, defendió la medida, afirmando que la finalidad es fortalecer el sector productivo y no aumentar la carga tributaria sobre las actividades financieras ni digitales. Destacó que los recursos recaudados se destinan a impulsar el desarrollo productivo de la provincia y fortalecer los servicios públicos.
Implicaciones y contexto de la disputa
Esta controversia refleja una tensión latente entre las autoridades provinciales y las grandes plataformas digitales en torno a la regulación tributaria y el control de las actividades ilícitas en la región. La situación pone en evidencia las dificultades para gobernar en un contexto donde la economía digital crece rápidamente y requiere de regulación específica.
Mientras tanto, la lucha contra el narcotráfico continúa siendo una prioridad para Santa Fe, que busca hacer frente a la problemática sin dejar de lado el impulso a una economía digital que beneficie a emprendedores y pequeños comerciantes.
