El ministro de Defensa, Luis Petri, firmó un Convenio Marco de Colaboración que implica la utilización de fondos de las Fuerzas Armadas para afrontar la crisis financiera de la Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA).
¿De qué se trata el convenio?
El acuerdo establece que se destinará un monto mensual equivalente al 2% de la masa salarial del personal militar en actividad y los soldados voluntarios, para cubrir los problemas administrativos de la obra social. Sin embargo, la falta de detalles claros sobre el origen de estos fondos y los mecanismos de financiamiento ha generado inquietud entre los militares y la opinión pública.
Reacciones y preocupaciones
Varios uniformados manifestaron su preocupación, ya que interpretaron que se les retirarían fondos de su salario. Allegados a Petri aseguraron que esto no sería así, pero no aclararon de dónde saldrán los recursos. La medida surge en un contexto en el que los militares enfrentan una reducción salarial del 25% en comparación con otras fuerzas, debido a decisiones gubernamentales.
La situación de IOSFA
La obra social presenta una situación crítica. En junio, el Ministerio de Defensa solicitó un préstamo de 40 mil millones de pesos al Instituto de Ayuda Financiera de Retiro y Pensiones Militares (IAF) para financiar sistemas informáticos, comprar equipamiento médico y mejorar su operatividad. La gestión de IOSFA también ha estado en el centro de controversias por contratos millonarios y vínculos con posibles casos de corrupción.
Escaladas de malestar y potenciales protestas
El malestar interno entre la comunidad militar ha ido en aumento, con rumores de posibles protestas por la percepción de gestión ineficiente y uso irregular de fondos. La firma de contratos de alto valor y las presiones por financiamiento han alimentado un clima de incertidumbre y tensión.
Contexto político y controversialidades
El convenio ha generado controversias vinculadas a la gestión del ministro Petri, quien también está involucrado en otros escándalos, como contratos con laboratorios y vínculos familiares con personas influyentes en el sector militar y político. La polémica situación pone en relieve las dificultades para mantener la transparencia y la buena administración en un sector clave para la seguridad y salud de los militares y sus familias.
