En un contexto de tensiones políticas y judiciales, el intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, protagoniza un enfrentamiento con el Gobierno bonaerense respecto a la gratuidad del transporte público en el marco de las elecciones del 7 de septiembre.
Conflicto por la gratuidad del transporte
El conflicto se originó tras la publicación de la resolución 231/2025 del Gobierno bonaerense, que establece la gratuidad del transporte para los días de elecciones y busca sumar a los municipios en esta iniciativa. Sin embargo, Montenegro anunció que su municipio no adherirá a la medida, argumentando que no cuenta con los recursos necesarios.
Decisión judicial y enfrentamiento político
La situación escaló cuando la jueza Mariana Haydee Irianni dictaminó que la Municipalidad de General Pueyrredón debía garantizar el transporte público gratuito el día de las elecciones. La resolución se basó en la necesidad de garantizar condiciones iguales para ejercer el derecho al voto, reconociendo que la decisión del municipio obstaculiza ese ejercicio.
Reacciones y repercusiones
Montenegro criticó duramente la resolución, calificándola de irresponsable y cuestionando la competencia de la jueza. Afirmó que la medida le podría costar a los vecinos de Mar del Plata unos 300 millones de pesos y que se trata de una decisión de «cumplimiento imposible».
Por su parte, el secretario de Legal, Técnica y Hacienda del municipio, Mauro Martinelli, señaló que sin fondos específicos de la provincia, la gratuidad del transporte sería inviable desde lo financiero.
Implicaciones de la decisión judicial
El fallo judicial ordena a Montegro garantizar el servicio en forma efectiva y en el horario de la votación, bajo apercibimiento. La resolución representa una intervención judicial en una decisión administrativa que tiene impacto directo en la participación ciudadana y en la igualdad de condiciones durante el acto electoral.
Contexto y próximos pasos
El episodio refleja la tensión entre distintas instituciones y niveles de gobierno en un momento crucial para la democracia local. La posición del municipio genera un debate sobre el financiamiento y las responsabilidades en la organización de las elecciones, además de poner sobre el tapete la cuestión de los recursos destinados a garantizar derechos básicos como el transporte.
Mientras tanto, los vecinos de General Pueyrredón enfrentan una situación de incertidumbre respecto a si podrán acceder a transporte gratuito el día de los comicios, condicionado a las futuras decisiones de las autoridades municipales y judiciales.
