La Justicia secuestra grabaciones y registros en operativo contra seguridad en Nordelta

La Justicia federal de Argentina ordenó una serie de allanamientos en Nordelta para recolectar pruebas en la causa que investiga presuntas coimas en la adquisición de medicamentos. La medida incluye el secuestro de grabaciones de cámaras de seguridad y registros del personal en los barrios La Isla y El Golf. El juez Sebastián Casanello dispuso que se retiraran las grabaciones de todas las cámaras ubicadas en los accesos y áreas internas del country, así como los legajos del personal de seguridad relacionado con la Unidad de Seguridad de Nordelta. El objetivo, según fuentes judiciales, es recopilar evidencias concretas contra Ariel De Vicentis, jefe de seguridad del complejo, acusado de haber alertado a los hermanos Kovalivker, dueños de la droguería Suizo Argentina, sobre la búsqueda de la Policía durante las primeras diligencias vinculadas a la investigación de sobornos. El mismo día de los allanamientos, De Vicentis declaró en indagatoria ante el juez y negó las acusaciones que pesan contra él. La Justicia le secuestró dos teléfonos celulares, en poder de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip). La fiscalía busca determinar si actuó de manera protectora o si tuvo participación en la obstrucción de la causa. El proceso judicial está enmarcado en una investigación por presuntas coimas relacionadas con la compra de medicamentos, específicamente los lotes implicados en la denuncia por soborno en la droguería Suizo Argentina. La causa se profundiza en las irregularidades detectadas en la adquisición y distribución de fármacos, con indicios de pagos ilícitos y posibles encubrimientos. Además de las cámaras, la policía encontró en la casa de Jonathan Kovalivker, uno de los dueños de la empresa, una caja fuerte vacía y banditas elásticas en el piso, evidencias de posible ocultamiento. Emmanuel Kovalivker fue detenido con 266.000 dólares en sobres con anotaciones, 7 millones de pesos en efectivo, su celular y pasaporte, en un intento de fuga. El fiscal Franco Picardi aclaró que la actuación busca evidenciar la posible obstrucción de justicia y protección a los investigados. La pesquisa continúa con la colaboración de expertos para mantener el desbloqueo y análisis de los dispositivos secuestrados. Las medidas realizadas fortalecen la hipótesis de investigación y muestran la intención de la justicia de esclarecer los hechos relacionados con la corrupción en el sector farmacéutico y la protección de los responsables. La causa sigue en desarrollo, y las próximas semanas serán decisivas para definir responsabilidades y sanciones.