En una jornada que marcó un avance significativo en el reconocimiento de derechos, el Congreso Nacional de Argentina sancionó la Ley de Emergencia en Discapacidad con un apoyo mayoritario. La ley, que estará vigente hasta diciembre de 2027, busca fortalecer las políticas públicas destinadas a garantizar los derechos de las personas con discapacidad en todos los ámbitos: salud, educación, trabajo y protección social. La masiva movilización ciudadana y la presión de organizaciones del sector jugaron un papel crucial en la aprobación unánime de esta legislación, que ahora enfrenta un escenario político en el que el presidente Javier Milei no tiene margen para vetarla.
Aspectos destacados de la Ley de Emergencia en Discapacidad
La ley establece varias medidas urgentes y estructurales para hacer frente a la crisis del sector. Entre ellas, destaca la actualización automática y mensual de aranceles para prestaciones del Sistema de Prestaciones Básicas, utilizando un índice que combina inflación y salario, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del sistema. Además, incorpora beneficios fiscales y condonaciones de intereses para instituciones en dificultades económicas, así como la refinanciación de deudas y la entrega de facilidades de pago a entidades que brindan atención y servicios a las personas con discapacidad.
Impulso a la protección y atención integral
El refuerzo del presupuesto a la Agencia Nacional de Discapacidad busca potenciar programas enfocados en atención médica, inclusión laboral, capacitación y prevención. La ley también regula los pagos pendientes y actualiza los aranceles, además de impulsar reformas en el sistema de pensiones no contributivas. Todas estas acciones buscan facilitar el acceso a derechos fundamentales y mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad en el país.
Contexto social y movilización masiva
La sanción de la ley coincidió con protestas masivas en todo el país, donde organizaciones sociales, familiares y personas con discapacidad manifestaron su rechazo a la situación de deterioro en el acceso a medicamentos, tratamientos y prestaciones. La movilización refleja un amplio rechazo a las políticas que afectan un sector vulnerable y que amenazas al sistema de atención, poniendo en evidencia la necesidad de respuestas urgentes y sostenidas por parte del Estado.
El desafío político de Milei y su postura de veto
El presidente Javier Milei ha anunciado su intención de vetar la ley, aduciendo que podría afectar el déficit fiscal del país. Sin embargo, dado el amplio apoyo del Congreso, esta postura genera incertidumbre sobre la efectividad de cualquier veto y sobre la continuidad de los avances en derechos para las personas con discapacidad. La expectativa en el sector es que, ante la falta de margen político, la ley pueda mantener su vigencia y convertirse en un pilar para las políticas públicas en la materia.
