La Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió este martes desestimar un recurso de la defensa del imputado Matías Benicelli en el caso del crimen de Fernando Báez Sosa. La resolución se basó en un error formal en la vía procesal utilizada para la presentación, lo que impide que el recurso sea analizado en profundidad por el máximo tribunal.
Detalles del recurso y su rechazo
El nuevo defensor de Benicelli, Carlos Alberto Manuel Attías, había solicitado la revocación de la condena bajo la justificación de que su asistido no contó con una defensa adecuada. Sin embargo, en su recurso, presentado directamente ante la Corte Suprema, incurrió en un error procesal: debió realizar la apelación ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense.
Respuesta de la Corte y fundamentos
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti explicaron que el recurso de queja solo puede presentarse cuando ya se interpuso y fue denegada una apelación previa, lo cual no ocurrió en este caso. La decisión del tribunal fue rechazar la presentación por no cumplir con los requisitos formales exigidos.
Contexto del caso y antecedentes
El crimen de Báez Sosa ocurrió el 18 de enero de 2020 en Villa Gesell y detectó una serie de irregularidades judiciales en el proceso. En febrero de 2023, la Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a varios rugbiers, incluyendo a Benicelli, a prisión perpetua.
Repercusiones y próximos pasos
El recurso rechazado afecta directamente la estrategia de apelación de la defensa, que busca que el caso sea revisado y, eventualmente, que se modifiquen las condenas. La Suprema Corte de Buenos Aires aún debe resolver la apelación que puede determinar un nuevo giro en el proceso judicial.
Contexto político y social
El caso Báez Sosa se convirtió en un símbolo de discusión sobre la violencia y la justicia en Argentina, generando debates sobre la responsabilidad de los actores judiciales y el sistema judicial en general. La resolución de la Corte refuerza la importancia de seguir los procedimientos adecuados para garantizar la legalidad y transparencia en los procesos judiciales.
