El periodista Martín Granovsky, en su programa «QR!», analizó una serie de revelaciones durante la exposición del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ante el Congreso de la Nación. La discusión gira en torno a la posible existencia de una estructura de agentes de Inteligencia dentro de la Jefatura de Gabinete, una situación que, según Granovsky, viola principios democráticos básicos.
Preguntas sobre agentes de Inteligencia en el Estado
Durante la audiencia, la diputada Marcela Pagano preguntó si en la planta de empleados de la Jefatura de Gabinete existen agentes que hayan formado parte de la ex SIDE o la AFI en gestiones anteriores. La legisladora, proveniente del bloque libertario, mencionó nombres como José Luis Vila, alertando sobre posibles tareas de espionaje dentro del Estado.
Las afirmaciones de Guillermo Francos
Según Granovsky, Francos admitió que José Luis Vila, quien fue parte de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), ahora integra su cartera como parte de la estructura de la Jefatura de Gabinete. Esto plantea una serie de cuestionamientos sobre la legalidad y los límites del espionaje dentro del Estado argentino.
Legalidad y control de los servicios de Inteligencia
Con base en la ley de Inteligencia aprobada en 2001, realizar tareas de espionaje fuera de los organismos especializados está prohibido. La afirmación de Granovsky destaca que estas prácticas, que parecen estar en la órbita del Estado, no corresponden a los procedimientos democráticos y legales vigentes en el país.
El comportamiento de la diputada Lemoine y el debate público
Granovsky también criticó el comportamiento de la diputada Lilia Lemoine, quien se levantó repetidamente para interrumpir las preguntas de Pagano. La postura de Lemoine despertó cuestionamientos sobre las tensiones políticas en torno a la gestión de los servicios de inteligencia y su transparencia.
Repercusiones y trascendencia del caso
Las declaraciones de Francos reabren un debate sobre los límites y controles en las actividades de inteligencia en Argentina. El caso evidencia la necesidad de fortalecer la transparencia en áreas clave del Estado para evitar prácticas que puedan vulnerar los principios democráticos.
