La Fundación Poder Ciudadano solicitó formalmente ser querellante en la causa que investiga supuestos sobornos y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). La denuncia, que involucra a figuras del gobierno y empresarios, apunta a irregularidades en la compra de medicamentos, con impactos directos en empleados públicos y fondos estatales.
Contexto de la investigación y hechos denunciados
La causa judicial tiene su origen en audios filtrados del exdirector de la ANDIS, Diego Spagnuolo, en los que se evidencian prácticas de pago de coimas relacionadas con la adquisición de medicamentos a la droguería Suizo Argentina. La denuncia apunta a una trama en la que se involucra a figuras del círculo cercano al presidente Javier Milei, así como a su hermana Karina Milei, asesores y exfuncionarios de la agencia.
La petición de Poder Ciudadano para impulsar la causa
La fundación argumentó que los hechos afectan intereses colectivos, relacionados con la transparencia, el funcionamiento de los servicios públicos y el uso correcto de los recursos del Estado. Por ello, solicitaron ser querellantes para impulsar la investigación en los tribunales y garantizar que se esclarezcan las posibles irregularidades.
Implicados en la denuncia y esquema de corrupción
El núcleo de la acusación incluye a:
- Javier Milei, como principal destinatario del esquema
- Karina Milei, secretaria de Presidencia
- Eduardo “Lule” Menem, asesor cercano
- Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS
- Daniel Garbellini, exfuncionario de la agencia
- Eduardo Kovalivker y sus hijos, propietarios de la droguería Suizo Argentina
Contenido de los audios y evidencia de la trama
En las grabaciones filtradas se escuchan declaraciones que evidencian un esquema estructurado: “De lo que cobran de medicamentos, el 8% se lo llevan; Karina recibe el 3% y el restante se desvía en la operatoria”, y “Hablé con el Presidente y tengo todos los WhatsApp con Karina…”. Estas extractos revelan un posible portafolio de pagos ilícitos que afecta la transparencia y la legalidad en la gestión de fondos públicos.
Reacciones y próximos pasos en la causa
El pedido formal para que la Fundación Poder Ciudadano sea parte de la causa fue firmado por su Director Ejecutivo, Pablo Secchi, y los apoderados Hugo Wortman Jofré y Tomás Brady. La justicia ahora deberá decidir si acepta la solicitud y avanza en la investigación.
Este caso ha generado alarma social y política ante posibles desviaciones de recursos públicos, poniendo en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las instituciones del Estado, en especial en agencias encargadas de gestionar fondos destinados a la discapacidad y salud pública.
