El intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner ocurrido el 1° de septiembre de 2022 marca un antes y un después en la historia política de Argentina. A tres años de aquel hecho, la Argentina sigue atravesando profundas heridas sociales y políticas, mientras avanza en la causa judicial contra los responsables del ataque y reflexiona sobre las consecuencias que este acto de violencia tuvo en la democracia.
El momento del ataque y la reacción social
Era una noche aparentemente común en Juncal y Uruguay, calles donde Cristina Kirchner había sido protagonista de múltiples actos políticos y movilizaciones. Sin embargo, aquel 1° de septiembre, la escena cambió radicalmente cuando un hombre logró abrirse paso entre los simpatizantes y disparó, aunque sin éxito, contra la vicepresidenta.
El relato de Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes y cercana a Kirchner, revive aquella noche de angustia y shock. Ella cuenta cómo la imagen de Cristina ingresando a su departamento, rodeada de apoyo popular y custodia, quedó marcada en la memoria de todos los presentes y del país. La rapidez de la respuesta policial y la reacción de la multitud que logró reducir a Sabag Montiel fueron esenciales para evitar una tragedia mayor.
Contexto político y social en torno al atentado
El ataque ocurrió en un escenario de alta tensión política, donde la entonces vicepresidenta enfrentaba una serie de ataques mediáticos y amenazas de violencia. Las escenas de piedrazos en su despacho y amenazas en la vía pública se sumaron a un clima de odio y polarización creciente, reflejo de una crisis institucional y social que aún persiste. La movilización en las calles tras el atentado fue una respuesta unánime contra la violencia y en defensa del Estado de Derecho.
Investigación y avance judicial
El proceso judicial avanzó rápidamente en los meses posteriores. Los detenidos Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte enfrentan cargos por tentativa de homicidio doblemente calificado. La causa, dirigida por la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, busca determinar si existió participación de otros actores y el grado de planificación previa.
Las pericias demostraron que el arma utilizada estaba apta para disparar, aunque en el momento del hecho no tenía munición en la recámara. La investigación también analiza posibles pistas sobre instigadores y la posible participación de grupos de extrema derecha, en un escenario donde la violencia política sigue siendo una amenaza latente.
El impacto político y la resistencia social
El atentado profundizó la polarización en Argentina. La misma presidenta Cristina Kirchner afirmó que el hecho confirma la existencia de una cultura de odio que afecta a la democracia y llama a la unidad y a la defensa del Estado de Derecho. Diversas organizaciones sociales, partidos políticos y sectores de la sociedad realizaron movilizaciones masivas bajo consignas como «La democracia no se toca».
Por su parte, figuras políticas opositoras y oficialistas coincidieron en condenar el acto y solicitar mayores esfuerzos para garantizar la seguridad de quienes ejercen la política en contextos de alta tensión.
El presente y los desafíos pendientes
El proceso judicial continúa en marcha, con la expectativa de que se pueda esclarecer completamente el hecho y sancionar a los responsables. La designación de nuevos jueces y fiscalizadores busca fortalecer la investigación y evitar que episodios similares vuelvan a repetirse.
En la vista de la sociedad, la imagen del «disparo que no salió» se convirtió en símbolo de la vulnerabilidad de la democracia y la necesidad de compromiso colectivo para defender los valores republicanos y la vida de quienes ejercen cargos públicos.
Mientras tanto, la memoria de aquel día sigue siendo un recordatorio de los peligros que enfrenta la política y la importancia de promover el diálogo, el respeto y la convivencia pacífica en un país atravesado por profundas divisiones.
