La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner manifestó su rechazo al proceso de decomiso de bienes en su contra, asegurando que ninguna de las propiedades reclamadas fue adquirida con fondos ilícitos y que el proceso judicial busca, en su opinión, una persecución política y económica. En paralelo, sus hijos, Máximo y Florencia Kirchner, también presentaron recursos legales, argumentando que los bienes en disputa fueron adquiridos antes del inicio de las acusaciones y que no existe relación con las actividades delictivas que se le imputan.
Cuestionamientos a la confiscación de bienes
CFK sostiene que “ninguno de los bienes” que le quieren decomisar “sirvió para cometer ningún delito ni fue producto de ninguno”, ya que la mayoría fueron comprados antes de la causa Vialidad y del decreto 54/2009, que, según ella, ha sido utilizado como base para culparla. Además, denuncia que la actualización de montos en el proceso judicial es discriminatoría y desproporcionada, lo que agrava la percepción de parcialidad en el proceso judicial.
Fundamentos jurídicos y defensa legal
CFK invoca el artículo 23 del Código Penal, que establece que el decomiso debe estar vinculado a bienes que sirvieron para cometer el delito. Para ella, sus bienes cumplen con este requisito, ya que fueron adquiridos mucho antes de que se iniciaran las investigaciones y no guardan relación con ninguna ilegalidad.
Los bienes adquiridos antes de la causa Vialidad
Los abogados de CFK detallaron que 24 de los 25 inmuebles en disputa fueron comprados con anterioridad al decreto 54/2009. Entre estos, destaca un departamento en Juncal comprado en 1980 y un lote en Río Gallegos adquirido en 2009, pocos meses antes de que se emitiera la condena.
Defensa de Máximo y Florencia Kirchner
Los hijos de la exmandataria también presentaron recursos, señalando que no fueron imputados ni condenados en el caso Vialidad y que los bienes heredados fueron adquiridos antes del proceso. Se destacan 25 inmuebles, muchos de los cuales fueron comprados décadas antes, con fondos que sus abogados aseguran eran absolutamente lícitos.
Cuestionamientos a la cifra de decomiso y actualizaciones
Beraldi y Llernovoy, defensores de CFK, cuestionaron la cifra de 684.000 millones de pesos, señalando que la misma se basa en cálculos con tasas de interés incorrectas y en bienes que no fueron peritados ni evaluados debidamente, por lo que aseguran que la cantidad se infló artificialmente en un intento de perseguirla.
Derechos y recursos en instancias superiores
Los recursos presentados buscan que la causa sea revisada por la Sala de la Cámara de Casación y, si fuera necesario, por la Corte Suprema. Además, se avanzará en planteos ante organismos internacionales de derechos humanos, reclamando que el proceso se detenga por considerarlo una persecución política y económica dirigida a despojar a CFK de sus bienes sin vinculación con delitos comprobados.
Implicaciones políticas y judiciales
El caso refleja una fuerte tensión entre las instancias judiciales y políticas, donde la defensa de CFK sostiene que estos procedimientos buscan deslegitimar su trayectoria política y personal. La estrategia legal busca también proteger sus derechos y evitar que la persecución económica tenga efectos sobre sus bienes, en un contexto de persistentes acusaciones y recursos judiciales en trámite.
