La Corte Suprema de Justicia de Argentina ha ordenado a Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y actualmente vicepresidenta, junto a otros condenados en el caso Vialidad, la devolución de más de USD 537 millones al Estado. Esta decisión marca un hito en la lucha contra la corrupción en el país y refleja una fuerte condena judicial por administración fraudulenta relacionada con obras públicas en Santa Cruz.
Contexto y antecedentes
El caso ‘Vialidad’ se centra en la adjudicación de 51 obras públicas viales en la provincia de Santa Cruz, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, entre 2003 y 2015. La investigación señaló que las obras fueron direccionadas a Lázaro Báez, empresario cercano a la familia Kirchner, involucrando sobreprecios y retrasos en la ejecución. La causa, que tuvo varias instancias judiciales, culminó en la confirmación de la condena a Cristina Fernández y otros involucrados en noviembre de 2024, y ahora en una orden de devolución de fondos.
Decisión judicial y cifras
La Corte Suprema, en su fallo del 10 de junio de 2025, ratificó la condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a Cristina Fernández. Además, ordenó la devolución al Estado de un monto que supera los USD 537 millones, en concepto de fondos públicos malversados. Los implicados tienen un plazo de 10 días para cumplir con esta obligación, con posibilidad de que la Justicia proceda al embargo y remate de sus bienes para recuperar el dinero.
Implicados y sus antecedentes
Entre los condenados se encuentran también Lázaro Báez, Nelson Periotti, José López, Juan Carlos Villafañe, Raúl Pavesi, Mauricio Collareda, José Santibáñez y Raúl Daruich. La mayoría de ellos, involucrados en diferentes niveles en la trama de corrupción, enfrentan además otras causas judiciales por malversación de fondos y asociación ilícita. La noticia ha generado un impacto político y social profundo, dado que Cristina Fernández continúa siendo una figura central en la política argentina.
Reacciones y repercusiones
El fallo fue celebrado por sectores de la oposición y el oficialismo, aunque con discursos divergentes. El presidente Javier Milei calificó la resolución como un avance para fortalecer la lucha ant corruption, mientras que Cristina Fernández y su entorno denunciaron una campaña de persecución política. La exmandataria afirmó que la condena es un acto de venganza y solicitó que se respete el Estado de Derecho y la independencia judicial.
Impacto en la política y el futuro judicial
La orden de devolver fondos a la Nación abre un capítulo importante en la justicia argentina, que busca establecer un precedente en la lucha contra la corrupción en la administración pública. Sin embargo, también profundiza las tensiones entre distintos poderes del Estado y los actores políticos, quienes enfrentan el desafío de procurar justicia y transparencia sin afectar la estabilidad institucional.
Próximos pasos y desafíos
Los próximos días serán decisivos, ya que los implicados deberán presentar sus recursos y apelar la orden de pago. La Justicia continuará con el embargo y remate de bienes si no se cumple la orden en el plazo establecido. Además, se anticipa un incremento en los debates políticos y en las movilizaciones sociales relacionadas con la lucha contra la corrupción y la defensa de la legalidad en Argentina.
