El Gobierno argentino anunció una serie de medidas en la Procuración del Tesoro Nacional, tras detectar filtraciones de información confidencial relacionadas con el litigio por la expropiación de YPF. La crisis interna ha motivado la desvinculación de más de 60 empleados y la reorganización de áreas técnicas para reforzar la seguridad y la eficiencia en la defensa jurídica del Estado.
Contexto del conflicto y antecedentes del caso
El litigio internacional por la expropiación de YPF, ocurrido en 2012, continúa siendo un foco de tensión política y económica en Argentina. La justicia de Estados Unidos ordenó en 2025 la entrega del 51% de las acciones a fondos internacionales, Burford Capital y Eton Park, que adquirieron derechos de litigio de accionistas minoritarios. La decisión judicial ha generado tensión en la estructura del Estado y una crisis en la Procuración del Tesoro, que debe defender los intereses nacionales en los tribunales internacionales.
Detalles de las recientes medidas y despidos
El 16 de julio de 2025, la Procuración del Tesoro confirmó que ha iniciado una profunda reestructuración institucional que incluye la desvinculación de más de 60 funcionarios, lo que equivale a una reducción superior al 20% del personal total. Además, se han reorganizado las direcciones, disminuyendo de seis a cuatro unidades de trabajo y disolviendo la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado, para optimizar recursos y reducir riscos de filtraciones.
La venta de información y las investigaciones en curso
Funcionarios de la Procuración han denunciado la existencia de una venta de información confidencial a los fondos internacionales, lo que podría comprometer la posición del Estado en múltiples litigios. La investigación interna, liderada por el nuevo procurador Santiago Castro Videla, apunta a identificar a los responsables y mejorar los controles internos, en un esfuerzo por evitar futuras filtraciones que puedan afectar la soberanía y los intereses económicos del país.
Impacto en las finanzas públicas y perspectiva futura
Las filtraciones han agravado la crisis en la Procuración del Tesoro, que además enfrenta presiones por la decisión de jueza Loretta Preska de ordenar la entrega del 51% de las acciones de YPF. La administración busca fortalecer su estructura interna mediante la eliminación de unidades y la implementación de controles más estrictos en la gestión de información confidencial. Se espera que en los próximos meses continúen las reforman estructurales y el adelgazamiento del organismo para garantizar mayor transparencia y eficiencia en la defensa de los intereses del Estado.
Relevancia del litigio YPF en la política argentina
El conflicto por YPF refleja también la tensión política y económica que atraviesa Argentina ante las decisiones judiciales internacionales que afectan a su patrimonio y soberanía. La gestión del caso y la protección del patrimonio público son temas prioritarios para el gobierno, que continúa trabajando en la apelación de las decisiones judiciales y en la revisión de sus mecanismos internos para mejorar la seguridad de la información y la defensa legal del Estado.