La jueza Loretta Preska, de la Corte Federal de Nueva York, ha convocado a una audiencia urgente en torno al conflicto legal que enfrenta Argentina por la expropiación de YPF en 2012. La cita, programada para el lunes 15 de julio, responde a la solicitud de los demandantes que buscan avanzar en la ejecución de una sentencia que obliga al Estado argentino a transferir el 51% de las acciones de la petrolera a los fondos Burford Capital y Eton Park Capital Management.
Contexto del litigio por la expropiación de YPF
Este conflicto legal tiene sus raíces en la decisión del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en 2012 de expropiar YPF, empresa controlada antes por Repsol. Sin embargo, el fallo judicial de 2023 consideró que dicha nacionalización violó los estatutos internos de la compañía, que requerían igualdad de condiciones para todos los accionistas. La sentencia determinó que Argentina debía ofrecer las mismas condiciones a los inversores, situación que no ocurrió durante la expropiación.
Demandantes y demandas en marcha
Los demandantes principales, fondos de inversión como Burford Capital, sostienen que Argentina debe cumplir con la transferencia de acciones. La orden judicial fue emitida en el marco de una demanda que busca asegurar la protección de los derechos de los inversores afectados por la expropiación. La ley que respalda la sentencia se basa en el fallo de 2023, que consideró que la Argentina incumplió con los estatutos de YPF al no tratar por igual a todos los accionistas.
La posición de Argentina y los argumentos legales
La defensa argentina argumenta que la orden de la jueza Preska viola principios de derecho internacional y la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA). Además, sostiene que la jurisdicción extraterritorial aplicada en su contra es inconstitucional y que representa un ejercicio inadecuado de autoridad judicial de Estados Unidos en asuntos internos argentinos. También hizo referencia a la Declaración de Interés del Departamento de Justicia estadounidense, que sería un apoyo indirecto al caso de los fondos demandantes y que deja en evidencia las tensiones políticas subyacentes al proceso legal.
¿Qué esperar en la audiencia del lunes?
La jueza Preska deberá determinar si acepta o no la apelación presentada por Argentina. Este paso será crucial para definir si la orden de transferencia de acciones puede ejecutarse o si el gobierno argentino logrará detenerla mediante la apelación. La decisión podría tener implicaciones a nivel internacional y afectar las futuras relaciones entre Argentina y actores financieros internacionales.
Mientras tanto, la tensión crece en torno al control de YPF, que sigue siendo un símbolo importante del proceso de reestructuración económica y política del país. La atención está puesta en la resolución judicial, que puede marcar un precedente sobre la soberanía jurídica en negociaciones internacionales y disputas financieras.
