Reunión conflictiva entre provincias y Casa Rosada
La reunión llevada a cabo en Córdoba entre los ministros de Economía provinciales y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, terminó en un aumento de las tensiones políticas. El encuentro buscaba llegar a un acuerdo sobre la distribución de recursos del Estado, pero se evidenció un fuerte rechazo de los gobernadores a la propuesta oficial.
Discrepancias sobre fondos y coparticipación
El principal desacuerdo radica en la forma en que deben distribuirse los fondos provenientes del impuesto a los combustibles líquidos. Mientras la Nación propone mantener la estructura actual, que incluye fondos fiduciarios destinados a infraestructura, los gobernadores impulsan su inclusión en la coparticipación, lo que les permitiría administrar esos recursos según sus prioridades.
Detalles de la propuesta del gobierno central
Guberman planteó trasladar los fondos destinados a obras viales y obras hídricas a las provincias, con financiamiento asociado y basándose en los coeficientes de distribución históricos. Sin embargo, la oferta fue rechazada por los gobernadores, que consideran que esa medida favorecería el centralismo y limitaría su autonomía.
Rechazo político y resistencia provincial
Desde las provincias, la postura es clara: desean que los recursos no distribuidos desde los fondos fiduciarios se incorporen a la coparticipación, permitiendo un uso flexible y en línea con las necesidades locales. Los mandatarios también expresaron su inquietud por el posible impacto en obras y proyectos en marcha.
Contexto económico y debate sobre la ley
El monto total recaudado por el impuesto a los combustibles alcanza los 1,5 millones de millones de pesos anualmente, de los cuales cerca de 500 mil millones corresponden a fondos fiduciarios, que hoy están en la mira del debate legislativo.
Posturas oficiales y desafíos en el Congreso
El gobierno nacional insiste en que, por equilibrio fiscal, no puede transferir fondos que implicarían déficit en las cuentas públicas, y promueve una discusión en el Congreso para establecer normas que regulen las asignaciones específicas y la responsabilidad de la ejecución de obras públicas.
Impacto político y futuro de la discusión
La tensión evidencia la difícil búsqueda de equilibrio entre la autonomía provincial y la política fiscal nacional. La avanzada del proyecto en el Senado, con el respaldo de los gobernadores, contrasta con la postura del Ejecutivo central, lo que anticipa un enfrentamiento legislativo que podría extenderse en las próximas semanas.
Repercusiones y perspectivas
El resultado de estos debates será clave para definir la distribución de recursos en los próximos años y para consolidar o reformular el pacto fiscal, en un contexto de crisis económica y desafíos en la gestión de fondos públicos.
