Origen del juicio y argumentos legales
El conflicto judicial que involucra a YPF y Argentina se remonta a la forma en que el Estado expropió la compañía en 2012. La empresa, cotizada en la Bolsa de Nueva York, tiene un estatuto que especifica que cualquier cambio de control requiere realizar una Oferta Pública de Adquisición (OPA).
La decisión de Kicillof y la violación del estatuto
En ese momento, Axel Kicillof, entonces viceministro de Economía, lideró la estrategia que ignoró esta cláusula. La negativa a realizar la OPA para accionistas minoritarios fue la base de la demanda judicial, y la jueza Loretta Preska concluyó que Argentina incumplió los términos del estatuto, condenando al país a pagar una millonaria indemnización.
Demandantes y su impacto financiero
Los principales demandantes fueron los accionistas minoritarios Petersen Energía, controlada por la familia Eskenazi, y el fondo Eton Park Capital. Ambos acusaron a Argentina de privarlos de vender sus participaciones en condiciones iguales a las de Repsol, que recibió US$5000 millones en compensación.
Entrada de Burford Capital y financiación del litigio
Burford Capital, un fondo de inversión, no era accionista, sino que adquirió los derechos para financiar el proceso judicial mediante una subasta. A cambio, este fondo recibe una parte significativa del eventual pago, mientras que la familia Eskenazi obtiene una participación indirecta, si hay remanente tras pagar deudas y otros gastos.
Estado actual del proceso judicial y próximos pasos
La jueza ordenó la transferencia del 51% de las acciones a una cuenta en Nueva York, pero Argentina no puede cumplir directamente por una ley interna. La sentencia puede ser apelada ante el Tribunal de Apelación del Segundo Circuito, y opcionalmente, ante la Corte Suprema de Estados Unidos.
Consecuencias para Argentina y la empresa YPF
Este fallo judicial puede representar una pérdida millonaria para el país y afectar la gestión y control de YPF. La decisión reaviva el debate sobre la soberanía energética y la protección de activos nacionales en tribunales internacionales, en un contexto de tensiones políticas y económicas.
