En Argentina, un brote de intoxicaciones por fentanilo ha dejado un saldo trágico de al menos 52 muertes verificadas, aunque se sospecha que la cifra real podría ser mucho mayor. Las autoridades insisten en la necesidad de tomar medidas más estrictas ante lo que se ha convertido en un problema alarmante. Recientemente, el Sedronar certificó la existencia de cinco kilos de fentanilo en los laboratorios HLB y Ramallo, pero tres meses después, esos kilos ya no están. Cada kilo es potencialmente mortal, con la capacidad de acabar con la vida de 500.000 personas.
A medida que crece la preocupación sobre el narcotráfico y la posible complicidad de ciertas autoridades, surgen preguntas críticas sobre la falta de regulación y control en la producción y distribución de esta potente droga. Sin embargo, la justicia parece estar resistiendo la presión para actuar con eficacia, lo que ha llevado a un clima de impunidad que deja a las familias de las víctimas en un estado de desesperación y confusión. Se han reportado casos de muertes atribuidas a una inusual “pulmonía bilateral”, sin que los afectados tomen conciencia del peligro real que representa el fentanilo.
El laboratorio HLB, vinculado a la familia García Furfaro, ha sido incluido en una investigación que pone en duda la integridad del sistema de salud, e incluso se sugiere la existencia de rutas clandestinas que facilitan la diseminación del fentanilo en el mercado negro. Recientemente, los responsables de los laboratorios han hecho afirmaciones sobre la destrucción del citrato de fentanilo que poseían, algo que muchos consideran poco creíble. Mientras la verdad detrás de estas tragedias sigue sin esclarecerse, el tiempo corre y la próxima víctima podría ser la siguiente persona que necesite atención médica.
