Decisión de la Cámara de Casación
La Cámara de Casación en Argentina rechazó un recurso fiscal que intentaba reactivar una denuncia por abuso de autoridad contra el exfuncionario Javier Iguacel, quien fue responsable de la Dirección Nacional de Vialidad durante el gobierno de Cambiemos.
Contexto del caso y acusaciones
La denuncia original acusaba a Iguacel de haber dado de baja contratos con la firma CPC SA, vinculada al Grupo Indalo de Cristóbal López, a través de decisiones que, según la acusación, fueron perjudiciales para la empresa y que incluyeron rescisión arbitraria de contratos, multas y suspensión de pagos.
El rol de Iguacel en la causa Vialidad y otras imputaciones
Como responsable de Vialidad, Iguacel fue quien inició formalmente la causa que llevó a la condena de Cristina Kirchner. La denuncia también sugería que sus acciones podrían haber constituido delitos más graves, como fraude al Estado o asociación ilícita, lo que fue objeto de debates en instancias judiciales posteriores.
Decisión judicial y situación procesal
En diciembre pasado, el juez Daniel Rafecas declaró extinguida la acción penal contra Iguacel por prescripción, tras considerar que había transcurrido el plazo máximo de dos años para imputaciones por abuso de autoridad. La Cámara Federal respaldó esa resolución, considerándola definitiva.
El papel del fiscal y la intervención ante la Cámara de Casación
El fiscal ante la Casación, Javier De Luca, y anteriormente el fiscal Eduardo Taiano, sostuvieron que Iguacel, al mantenerse en cargos públicos hasta 2023, interrumpía el plazo de prescripción. El recurso presentado por el fiscal Agüero fue declarado inadmisible por la mayoría de los jueces de Casación, confirmando la decisión de Rafecas.
Discusiones y votos en la Cámara de Casación
- Javier De Luca y Javier Carbajo: respaldaron que la prescripción debe seguir su curso, rechazando el recurso.
- Gustavo Hornos: propuso conceder el recurso y tratar la causa de fondo, en disidencia con la mayoría.
Implicaciones legales y políticas
El fallo ratifica la postura de que no existen hechos penales activos contra Iguacel en estos momentos, pero deja abierta la posibilidad de futuras acciones si se demuestran delitos más graves. La decisión refuerza el debate sobre la persecución judicial y la política en torno a casos de corrupción y abuso de autoridad en Argentina.
