Investigación revela presuntas irregularidades en el control del Poder Judicial
Una investigación periodística publicada en el portal Análisis, firmada por Daniel Enz, expone una serie de irregularidades en la gestión del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (Stjer), que incluyen manejo de viáticos, nombramientos sin concurso y ausencias reiteradas de jueces.
Ausencias prolongadas y gasto en viáticos
Se destaca que la jueza Susana Medina de Rizzo se ausentó durante 191 días hábiles desde 2022, cobrando casi 15 millones de pesos en ese período. Además, los nueve vocales del tribunal gastaron en viáticos aproximadamente 260 millones de pesos, en viajes tanto dentro de la provincia como fuera del país, incluso en días y horas en que no realizaban tareas específicas.
Nombramientos sin concursos y posibles vulneraciones a la ley
La investigación también denuncia que más de 300 personas fueron designadas en cargos de tipo suplentes, sin pasar por concursos públicos. Entre estos, figura una refugiada política siria y un funcionario de una fuerza de seguridad extranjera, ambos nombrados a solicitud de jueces del tribunal, en un supuesto incumplimiento de las normativas vigentes.
Reacciones oficiales y respuestas del tribunal
Consultada por LA NACION, la jueza Susana Medina de Rizzo evitó hacer declaraciones y respondió con un escueto “sin comentarios”, mientras que los voceros oficiales del Tribunal tampoco brindaron información concreta. Desde el entorno del tribunal, se justificó que los nombramientos corresponden a suplencias por bajas o licencias, y que no se trataría de nombramientos de nuevos magistrados.
Contradicciones y debate sobre el gasto público
El informe revela que, en promedio, cada vocal percibe entre 12 y 15 millones de pesos mensuales, incluyendo gastos en viáticos. Se denuncian casos donde algunos viajes se duplicaron en varias ocasiones en una misma semana. Estos gastos contrastan con los salarios de los docentes en la provincia, que están un 50% por debajo de la línea de pobreza.
Contexto económico y crisis financiera del Poder Judicial
El presidente del tribunal, Leonardo Portela, admitió en sus discursos la severa crisis económica del organismo, señalando que recibirán menos presupuesto del estipulado, de alrededor de 400 a 500 millones de pesos mensuales, para solventar los gastos operativos. Además, hizo un llamado a la responsabilidad fiscal y a reducir gastos innecesarios como energía y papel.
Implicaciones y futuras investigaciones
El informe de Enz abre la puerta a posibles investigaciones judiciales y revisiones administrativas que podrían derivar en sanciones o reestructuraciones en el tribunal. La transparencia en el manejo de fondos públicos y la regulación de nombramientos siguen siendo temas pendientes en la administración de justicia en Entre Ríos.
