CÓRDOBA.- En un contexto de “emergencia financiera”, los 24 gobernadores argentinos han encontrado un terreno común y han decidido impulsar un proyecto de ley en consonancia con un reclamo: la eliminación de dos fondos fiduciarios que dependen del impuesto a los combustibles y la distribución del remanente de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Este consenso se ha logrado pese a la diversidad política, abriendo un diálogo que hasta hace poco parecía fragmentado. Los mandatarios sostienen que los fondos en cuestión les corresponden y su distribución no afectará el superávit fiscal, sino que ofrecería un respiro a las provincias.
La falta de acción clara por parte de funcionarios del presidente Javier Milei ha motivado a los gobernadores a unirse. La situación es crítica: se estima que desde noviembre de 2023 hasta mayo de este año, las provincias han dejado de recibir cerca de $30 billones en fondos que les pertenecían. Ante este escenario, la colaboración entre mandatarios de diferentes partidos trae a la superficie tensiones subyacentes en la relación con la Casa Rosada, poniendo en duda la gobernabilidad del presidente en la segunda mitad de su mandato.
El camino hacia este acuerdo no ha sido sencillo, involucrando una serie de reuniones entre gobernadores y funcionarios nacionales. Muchos mandatarios han expresado que la política de negociación individual no ha resultado efectiva y que la situación actual pone en riesgo sus finanzas. El diálogo ha crecido ante promesas no cumplidas por parte de la Nación y el deseo por una mayor transparencia en la gestión de recursos. A medida que se acerca la presentación formal del proyecto, los gobernadores enfatizan que su intención no es solicitar más dinero, sino recuperar lo que les corresponde, todo bajo la premisa de generar un alivio financiero significativo en medio de una crisis que afecta a todos.
