Presentación del Ejecutivo en defensa de YPF y de la soberanía argentina
El Gobierno argentino presentó un escrito ante un tribunal federal de Nueva York solicitando la suspensión de la orden judicial que exige la entrega del 51% de las acciones de YPF a fondos demandantes. La iniciativa busca evitar consecuencias irreparables y mantener la protección de los intereses nacionales ante una decisión que podría afectar la soberanía del país.
Contexto y antecedentes del fallo de la jueza Preska
La jueza Loretta Preska, de 76 años, ordenó en junio de 2025 a Argentina entregar en un plazo de 14 días la mayoría de las acciones de YPF implicadas en un litigio por la expropiación de la petrolera. La sentencia, que involucra una cifra de US$16.100 millones más intereses, generó preocupación en el Gobierno por sus posibles repercusiones económicas y políticas.
Argumentos del Gobierno en la presentación
Exceso de jurisdicción y dudas legales sobre la expropiación
El Ejecutivo afirmó que la magistrada se «excedió en su jurisdicción», ya que el país sostiene que no existe posibilidad material de expropiar las acciones sin vulnerar leyes argentinas y leyes internacionales. Además, argumentó que la decisión de la jueza plantea cuestiones jurídicas complejas relacionadas con el derecho soberano y la inmunidad estatal, que aún no han sido resueltas por el Segundo Circuito de Apelaciones.
Posibilidad de daños irreparables
El informe resaltó que la entrega del 51% en acciones de YPF representaría un daño irreparable, pues implicaría perder el control de la empresa, que es estratégica para Argentina. La ley argentina, además, obliga a mantener la participación mayoritaria en YPF como interés de Estado y de interés público. La pérdida de control, en palabras del documento, «no tiene compensación adecuada en dinero».
Ausencia de perjuicios significativos para la parte demandante
En cuanto a los demandantes, el Gobierno sostiene que la suspensión no causaría perjuicio, ya que se mantendría el statu quo mientras se resuelve la apelación. Además, las acciones no se podrían vender sin autorización del Congreso argentino, lo que garantiza que no se efectuarán transacciones indeseadas durante este proceso.
Impacto en el interés público y soberanía nacional
El documento enfatiza que la medida afecta directamente la soberanía nacional, pues exige la modificación o incumplimiento de leyes argentinas. La orden, además, podría afectar a 23.000 empleados de YPF y al interés de los accionistas privados. La protección del interés público y la soberanía de Argentina son factores que respaldan la solicitud de suspensión.
Relevancia del recurso judicial y próximas acciones
El Gobierno solicitó una audiencia para suspender la orden y presentar la apelación ante la Corte de Apelaciones de Nueva York, argumentando que hay altas posibilidades de éxito y que la decisión puede causar daños irreparables si no se suspende la entrega de acciones.
Se espera que el Tribunal evalúe los argumentos y tome una decisión que permita mantener la protección de los intereses del Estado argentino, garantizando que las decisiones judiciales en el extranjero no afecten la soberanía del país ni la estabilidad de YPF.
