El Juzgado Nacional del Trabajo Nº3 invalidó los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/2025, promovido por el gobierno de Javier Milei, que intentaba ampliar las actividades consideradas esenciales, incluyendo a la Marina Mercante, para limitar el derecho a huelga. La jueza Moira Fullana fundamentó su fallo en que dichas disposiciones vulneraban derechos constitucionales y principios laborales fundamentales.
El fallo, que responde a una acción de amparo presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT), reafirma la protección constitucional del derecho de huelga y acusa al ejecutivo de querer legislar en materia laboral mediante mecanismos que no están permitidos. La decisión sostiene que la norma atentaba contra principios básicos como la división de poderes, la libertad sindical y el ejercicio del derecho a huelga, que están garantizados por la Constitución Nacional, la OIT, la CADH y el PISDEC.
La resolución judicial llega después de que la misma jueza suspendiera preventivamente la aplicación del decreto, resaltando la necesidad de respetar los mecanismos institucionales establecidos para modificar derechos laborales. La medida representa un revés para las intenciones del gobierno de restringir movilizaciones sindicales en un contexto de tensión social y política.
